Áreas protegidas privadas en Chile, invisibles ante la catástrofe
Lo que el invierno de 2026 dejó al descubierto sobre el financiamiento de las áreas protegidas privadas en Chile.
VINCULACIÓNCONSERVACIÓN
Luciano García Madrid, Cientista Político UDP
9/8/20263 min leer
Entre el 15 y el 20 de julio de 2026, un río atmosférico categoría 4 descargó sobre Valparaíso más de 300 mm. La Reserva Ecológica Tesoro del Pangal —368 ha de bosque esclerófilo en La Ligua, en vías de gravarse con un Derecho Real de Conservación— recibió 330 mm y quedó con el aerogenerador derribado, árboles caídos y caminos intransitables. La pregunta es operativa: ¿a quién recurre una reserva privada para restaurar el daño?
El río atmosférico que dejó al descubierto lo invisible
La arquitectura chilena post-catástrofe apoya solo al hogar damnificado (FIBE, Bono de Recuperación, entre $375 mil y $1,5 millones, cubre solo daño habitacional) y al productor agropecuario acreditado (INDAP, créditos al 1%, subordinados a un proyecto productivo). Un predio destinado exclusivamente a la conservación no es hogar ni unidad productiva; es institucionalmente invisible. Ni la Ley SBAP ni la declaración de Zona Afectada por Catástrofe abren una vía excepcional.
Ni damnificado, ni productor: la categoría que no existe
Un predio destinado exclusivamente a la conservación, al no ser hogar ni unidad productiva, resulta institucionalmente invisible.
Un dólar veintiséis por hectárea
Chile gasta US$1,26 por hectárea al año en áreas protegidas —Argentina US$10; Brasil y Colombia US$4—; el presupuesto ambiental equivale al 0,15% del PIB frente al 0,75% promedio OCDE; hay 500 guardaparques para 110 áreas cuando el estándar exige uno por 2.600 ha. Las áreas protegidas privadas son la parte más desfinanciada: el 82% se concentra en cuatro regiones del sur, dejando estructuralmente subrepresentado al Chile central.
Cuatrocientos setenta y seis millones al año
Tres instrumentos de la Ley SBAP ya tienen reglamento: contratos de retribución por servicios ecosistémicos, certificación de biodiversidad y compensaciones ambientales. El Banco Central, con Hacienda, Economía y Ciencias, aplicó a la cuenca del río Bueno el primer piloto chileno de valoración de capital natural: seis servicios ecosistémicos valorados en US$476 millones al año, equivalente al 81% del PIB territorial. Existe metodología, existe precedente y lo aplicó el propio Estado.
Cinco herramientas, tres pendientes
Hoy son practicables el Fondo de Conservación de la Ley de Bosque Nativo (~$7.000 millones en 2026), los contratos de retribución ya reglamentados, el convenio municipal, la inserción en redes existentes y la vinculación comunitaria. Al Estado le urgen tres tareas: publicar el reglamento del SNAP —sin él, el artículo 105 es letra muerta—, incorporar la contingencia climática al diseño y abrir una ventanilla post-desastre para predios de conservación. La Ley SBAP es buena; falta que sea operativa.
El artículo 105 abre una puerta
La Ley SBAP, en sus artículos 97 a 105, vincula por primera vez la conservación en predio privado con beneficios tributarios: exención del impuesto territorial, exención del impuesto a la herencia, formación gratuita y bonificación en fondos nacionales. Exige el decreto supremo y el plan de manejo aprobado. Con ello, distingue la conservación de buena fe de las "parcelaciones verdes" (el 66% de los 64 acuerdos DRC analizados por el propio Ministerio estaba vinculado al sector inmobiliario).
